Varios

El Real Decreto-Ley 8/2010 ha venido a modificar el periodo de reconocimiento de efectos de las prestaciones derivadas del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. De esta forma, en el caso de las solicitudes de reconocimiento de la dependencia que se efectúen desde el 25-5-2010, fecha de entrada en vigor de esta norma, el derecho que corresponda se genera a partir de la fecha de Resolución o, si fuera posterior al plazo de seis meses para resolver, desde dicho plazo máximo.

Sin embargo, las solicitudes anteriores al 25-5-2010 se rigen por la regulación anterior, es decir los efectos de los derechos computan a partir del inicio de su año de implantación de acuerdo con el calendario de aplicación del Sistema, o desde el momento de su solicitud de reconocimiento por el interesado, si ésta es posterior a esa fecha.

Este es el resumen de la aplicación conjunta de las siguientes disposiciones:
"Disposición transitoria tercera. Solicitud de prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

A las personas que hayan solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, y se les reconozca un Grado III o un Grado II, les será de aplicación la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en la redacción vigente en el momento de presentación de la solicitud."

"Artículo 5. Modificación de la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

Con efectos de 1 de junio de 2010 se modifica la Disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, del siguiente modo:

Uno. Se modifica el apartado 2, que queda redactado como sigue:

«2. En el marco de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones.»

Dos. Se modifica el apartado 3, que queda redactado como sigue:

«3. El reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las administraciones públicas competentes generará el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes, previstas en los artículos 17 a 25 de esta Ley, a partir de la fecha de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación o prestaciones que corresponden a la persona beneficiaria.

Si una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la solicitud, no se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de prestación, el derecho de acceso a la prestación económica que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado.»

Hay una masa, por consiguiente, de derechos que se encuentran pendientes de pago por la aplicación de los efectos retroactivos derivados de la norma en su redacción anterior al RD-L 8/2010. Para ello, se ha previsto un régimen de aplazamiento en un periodo de cinco años, en el que se periodifican los pagos anualmente:

"Disposición adicional sexta. Aplazamiento y periodificación del abono de los efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

Las cuantías en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, podrán ser aplazadas y su abono periodificado en pagos anuales de igual cuantía, en un plazo máximo de 5 años desde la fecha de la resolución firme de reconocimiento expreso de la prestación. El aplazamiento deberá ser notificado a la persona beneficiaria de la prestación y a la Administración General del Estado como responsable del nivel mínimo, a efectos de que ésta ajuste su abono al aplazamiento y periodificación de los importes de las prestaciones económicas determinado por la Comunidad Autónoma."

CONSULTA: Generación de intereses por demora en el régimen de aplazamiento y periodificación.

Esta disposición permite aplicar el aplazamiento de los pagos, pero no obliga a ello.

Aunque nada dice la disposición citada, la aplicación de intereses por demora en caso de impago en plazo, resulta de las propias normas presupuestarias, que lo incorporan como un principio general del régimen de las obligaciones de la Hacienda Pública, así como por aplicación de los principios generales del Derecho, por lo que en este caso debería aplicarse también.

Recuérdese que estamos hablando de derechos reconocidos de acuerdo a la normativa vigente en la fecha en que se solicitaron y que no resultan de la aplicación del nuevo régimen jurídico operado por el último Real Decreto - Ley. Por tanto sus beneficiarios tienen una expectativa derivada de un derecho ya reconocido que ahora se decide permitir que no se satisfaga en plazo, lo cual puede resultar legítimo siempre que se le compense con la aplicación del correspondiente interés por demora, ya que, en caso contrario, se produciría una merma o reducción sobre su derecho, lo que equivaldría a una medida expropiatoria expresamente prohibida por el artículo 33.3 de nuestra Constitución.

Por otra parte, el Artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dispone que, si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal en plazo, habrá de abonarle el interés legal fijado en la Ley de Presupuestos para cada ejercicio, sobre la cantidad debida.

No otra cosa es lo que establece el artículo 1100 del Código Civil, cuando establece el derecho al reconocimiento de la mora cuando alguien está obligado desde que el acreedor se lo exija.

Se abordan reformas en diferentes ámbitos que, bien por su incidencia sobre el conjunto del sistema productivo español, bien por su peso específico en el mismo o bien por su relevancia en el actual momento de estabilización y recuperación, resultan especialmente relevantes en este momento, entre ellos:
- Se incluyen reformas destinadas a recuperar la actividad en el sector de la construcción por la vía, fundamentalmente, del impulso fiscal a la actividad de la rehabilitación de viviendas, y con el objetivo adicional de contribuir a la eficiencia y ahorro energético.
- Incluye un conjunto de reformas necesarias para favorecer la actividad empresarial, de aplicación general a todo el sector productivo.
- Contiene medidas con el fin de moderar el impacto negativo de la crisis económica sobre los ciudadanos más vulnerables, en particular, aquellos con cargas familiares. En este contexto, se aprueba una elevación del umbral de inembargabilidad.
- En el ámbito del sector energético, incluye medidas que tienen como objetivo crear las condiciones para impulsar nuevas actividades.
- Aborda las reformas del marco regulador del sector financiero necesarias para agilizar el proceso con el fin de afianzar la reestructuración actualmente en curso.
En relación al sector de la discapacidad, los puntos más relevantes que nos interesan son:
- Deducción fiscal en las obras para accesibilidad de edificios y viviendas:
El artículo 1 modifica la normativa del IRPF para introducir una nueva deducción temporal por obras de mejora en la vivienda habitual. La deducción, que soportará íntegramente el Estado, se establece para contribuyentes con base imponible inferior a 53.007,20 €, que podrán deducirse hasta el 10% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas desde la entrada en vigor del real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2012, con un máximo de 12.000 € por vivienda habitual en los períodos impositivos que sea de aplicación, y siempre que las obras tengan por objeto, entre otros, la mejora energética de la vivienda, la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas.
- IVA reducido en obras de mejora y rehabilitación de viviendas:
En el artículo 2 se reforma la normativa del IVA, permitiendo la aplicación del tipo impositivo reducido para todo tipo de obras de mejora y rehabilitación de la vivienda realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012, además de ampliar el concepto de rehabilitación estructural a efectos del impuesto, a través de una definición de obras análogas y conexas a las estructurales, que permite reducir los costes fiscales asociados a la actividad de rehabilitación.
Aunque esta medida no discrimina especialmente las obras de accesibilidad, es indudable que beneficia indirectamente a las personas con discapacidad que precisan hacer este tipo de obras de rehabilitación.
- Aplicación del tipo superreducido a los servicios de atención a la dependencia:
Se modifica, además, en el artículo 16, la normativa del IVA para aplicar un tipo impositivo superreducido, del 4%, a los servicios de atención a la dependencia prestados por las empresas integradas en el SAAD, mediante plazas concertadas en centros o residencias o previo concurso público para su prestación.

Art. 6. El derecho a una comunicación audiovisual transparente: las páginas de Internet, guías electrónicas de programas y otros medios de comunicación de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, así como las informaciones contenidas en los mismas, que sirvan para hacer efectivo el derecho a la transparencia en este ámbito, deberán ser accesibles a las personas con discapacidad.
Artículo 8. Los derechos de las personas con discapacidad.
Se reconoce que las personas con discapacidad visual o auditiva tienen el derecho a una accesibilidad universal a la comunicación audiovisual, de acuerdo con las posibilidades tecnológicas.
En el caso de las personas con discapacidad auditiva, tienen el derecho a que la comunicación audiovisual televisiva, en abierto y cobertura estatal o autonómica, subtitule el 75% de los programas y cuente al menos con dos horas a la semana de interpretación con lengua de signos (ver más adelante escalado/calendario de implantación).
En cuanto a las personas con discapacidad visual, se reconoce que tienen el derecho a que la comunicación audiovisual televisiva, en abierto y cobertura estatal o autonómica, cuente al menos con dos horas audiodescritas a la semana (ver más adelante escalado/calendario de implantación).
Los poderes públicos y los prestadores fomentarán el disfrute pleno de la comunicación audiovisual para las personas con discapacidad y el uso de buenas prácticas que evite cualquier discriminación o repercusión negativa hacia dichas personas.
Con objeto de garantizar la calidad del servicio y la satisfacción de las personas destinatarias, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual deberán atenerse, en la aplicación de las medidas de accesibilidad, a las normas técnicas vigentes en cada momento en relación con la subtitulación, la emisión en lengua de signos y la audio-descripción. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual podrán emplear, excepto la Corporación RTVE, el patrocinio para sufragar las medidas de accesibilidad.
Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual procurarán ofrecer en sus emisiones una imagen ajustada, normalizada, respetuosa e inclusiva de las personas con discapacidad, en tanto que manifestación enriquecedora de la diversidad humana, evitando difundir percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de los prejuicios sociales que pudieran subsistir. De igual modo, procurarán que su aparición en la programación sea proporcional al peso y a la participación de estas personas en el conjunto de la sociedad.
Artículo 18. Comunicaciones comerciales prohibidas en cualquiera de sus formas: Además de lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en relación con la publicidad ilícita, está prohibida toda comunicación comercial que vulnere la dignidad humana o fomente la discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual. Igualmente está prohibida toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.
Artículo 57, 58 y 60. Infracciones y sanciones
Se consideran infracciones muy graves la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social (entre ellas, la discapacidad).
Se considera infracción grave el incumplimiento en un canal, durante más de cinco días en un periodo de diez días consecutivos, de los deberes de accesibilidad previstos en el artículo 8, en relación a los servicios de apoyo a las personas con discapacidad.
También se considera infracción muy grave la acumulación de cuatro infracciones graves en un mismo año natural.
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 500.001 hasta 1.000.000 de euros para los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 100.001 a 200.000 para los radiofónicos, para los prestadores del servicio de comunicación electrónica y para los prestadores de servicio de catálogo de programas. Podrán ser además sancionadas con la revocación de la licencia para prestar el servicio de comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres y el consiguiente cese de la prestación del servicio en determinados supuestos.
Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 100.001 hasta 500.000 euros para servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.001 a 100.000 para los radiofónicos, para los prestadores del servicio de comunicación electrónica y para los prestadores de servicio de catálogo de programas.
Disposición transitoria quinta. Servicios de apoyo para las personas con discapacidad: se da contenido a los plazos y calendario para implantar los servicios de apoyo a las personas con discapacidad. (Se autoriza al Gobierno para ampliar reglamentariamente los plazos del apartado anterior de acuerdo con la evolución del mercado audiovisual, el proceso de implantación de la tecnología digital y el desarrollo de los medios técnicos disponibles en cada momento).
Así, los servicios de accesibilidad de las personas con discapacidad en la programación de los canales en general (comunicación audiovisual televisiva, en abierto y cobertura estatal o autonómica), deberán haber alcanzado a 31 de diciembre de cada año los siguientes porcentajes y valores:

	2010	2011	2012	2013
Subtitulación	25%	45%	65%	75%
Horas lengua signos	0,5	1	1,5	2
Horas audiodescripción	0,5	1	1,5	2

En cuanto a los servicios de accesibilidad de las personas con discapacidad en la programación de los canales de servicio público deberán haber alcanzado a 31 de diciembre de cada año los siguientes porcentajes y valores:

	2010	2011	2012	2013
Subtitulación	25%	50%	70%	90%
Horas lengua signos	1	3	7	10
Horas audiodescripción	1	3	7	10

Los canales de televisión de nueva emisión deben alcanzar los tiempos y porcentajes fijados en el artículo 8 en el plazo de cuatro años, extrapolando la primera escala antes recogida.
Disposición derogatoria: La Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo, ha sido derogada, salvo la disposición adicional segunda, relativa a la garantía de accesibilidad para personas con discapacidad.