La Comisión Europea (CE) considera que el bono social, que implica un
descuento en la factura de la luz, puede reducir el riesgo de ‘pobreza
energética’ entre las personas con discapacidad, pero cree que es
conveniente combinarlo con otras medidas.
Así lo expone la comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad
de Género, Vera Jourová, en la respuesta a una pregunta que formuló a
la CE la eurodiputada española de IU Paloma López.
La eurodiputada solicitaba a la Comisión en su pregunta que explicara
si considera que la extensión de la definición de ‘consumidor
vulnerable’ a las personas con discapacidad, mediante su acceso al bono
social, puede contribuir a una reducción de la pobreza energética.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Servimedia, Jourová indica
que «las personas con discapacidad pueden estar expuestas al riesgo de
pobreza energética debido a factores tales como los bajos ingresos, un
alto gasto en energía o un aislamiento térmico insuficiente», y explica
que algunos Estados miembros han introducido una definición de la
vulnerabilidad que hace referencia a la discapacidad y ofrece una mayor protección social.
Por ello, la comisaria europea asegura que el bono social «puede
brindar apoyo a tales consumidores, aunque lo ideal es que se combine
con medidas concretas en materia de energía, por ejemplo, mejoras de la
eficiencia energética de la vivienda para reducir la demanda de energía
a largo plazo».
Situación en España
En España, el Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre el Real
Decreto-ley 7/2016, por el que se regula el mecanismo de financiación
del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor
vulnerable de energía eléctrica, que abre la puerta a que las
situaciones de discapacidad sean por vez primera tenidas en cuenta a la
hora de definir a los consumidores eléctricos vulnerables y adoptar
medidas de protección contra la pobreza energética, recogiendo así
parte de la demanda del Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (Cermi) en esta materia, que venía reclamando incorporar a las personas con discapacidad a estos mecanismos sociales.
El alcance y extensión concretos de la posición de las unidades de
convivencia en cuyo seno haya una persona con discapacidad queda
diferida al reglamento de desarrollo del real decreto-ley que habrá de
aprobarse en el plazo de tres meses, pero deberá constituir un criterio
para regular la categoría de consumidores eléctricos vulnerables a
efectos de medidas protección contra la pobreza energética.
El Cermi ya ha anunciado que pedirá participar en el proceso de
elaboración de la norma de desarrollo reglamentario de este real
decreto-ley y planteará propuestas.
Fuente: Servimedia
