El derecho a la accesibilidad universal es, sin duda, el más defendido por la mayoría de las personas encuestadas para elaborar esta ‘Lista negra’ como la violación más grave de entre todas las que se realizan sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Muchas de ellas han subrayado la necesidad de hacer referencia al sentido más amplio del vocablo «accesibilidad», para que no se quede restringido a la accesibilidad física. Asimismo, se ha señalado la importancia de la accesibilidad universal como garante de una vida en igualdad y libertad para las personas con discapacidad, y como contenido esencial de los derechos.

A bastante distancia, la segunda violación por gravedad de derechos más denunciada en la encuesta ha sido la referente a la inclusión educativa que, como dice uno de los encuestados, tiene que darse en todas las etapas educativas con los recursos de apoyo que cada alumno o alumna precise porque, como también apuntan, la educación determina la hoja de ruta vital de las niñas y niños con discapacidad, evita el ostracismo social y refuerza en la sociedad del mañana la empatía, el respeto y la convivencia.

El tercer puesto de la lista de las cinco violaciones de derechos de las personas con discapacidad es el derecho a la Autonomía Personal y a la vida independiente, que no se les prive de las prestaciones de servicios y apoyos esenciales para que las personas con discapacidad tengan una vida lo más autónoma e independiente posible dentro de la sociedad.

La vulneración del derecho al voto de algunas personas con discapacidad es la cuarta violación que los encuestados y las encuestadas consideran de mayor gravedad. Para lograr extinguir esta vulneración reclaman la reforma de la Loreg.

El último lugar de esta ‘Lista negra’ lo ocupa la violación sistemática del derecho de las personas con discapacidad a su inclusión laboral, que si bien es cierto, como apunta un participante, nunca antes se ha crecido a un ritmo tan importante en el empleo de este sector poblacional. Sin embargo, también se cita varias veces que aún lo hacemos muy por debajo respecto a las personas sin discapacidad y que, de hecho, todavía tenemos 10 puntos más de paro que la población sin discapacidad.

No obstante, aunque la ‘Lista negra’, en este momento y con los y las participantes que han ofrecido sus respuestas, que no han sido todos ni todas, hay que señalar, tal y como refrendaba uno de ellos, que es muy subjetivo y casi ontológicamente imposible establecer un orden de prelación en materia de derechos de las personas con discapacidad, de las personas, en general, de derechos humanos, en definitiva, del mismo modo que es muy complicado reducirlos a cinco.

 Aunque estas son las cinco violaciones de derechos, ordenadas por gravedad, de mayor a menor, para las personas con discapacidad en España de la ‘Lista negra’, no queremos dejar de mencionar las que ocupan los siguientes puestos del ranking siguiendo ese mismo orden de gravedad, de mayor a menor, y que serían: las esterilizaciones forzosas, el igual reconocimiento como persona ante la ley y acceso a la justicia, la igualdad de oportunidades, la privación de la capacidad jurídica, y la atención temprana empatada con la reforma de la Constitución para que se armonice con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por su menor repercusión en la encuesta, no quedan recogidas en este texto otras violaciones de derechos de las personas con discapacidad también importantes que han obtenido menos votos, algunas quizás porque afectan a sectores de la discapacidad específicos o por no haberse considerado la encuesta desde el punto de vista global de la discapacidad.