Patricia Sanz, vicepresidenta de la ONCE, anunció el pasado domingo 15 de enero que la ONCE seguirá luchando para que se cambie el artículo 56 del Código Civil que a partir del 30 junio obliga a los funcionarios a pedir un dictamen médico a las personas con «deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales» para que se puedan casar.
Sanz, en declaraciones a Servimedia, destacó que aunque el Ministerio de Justicia ha realizado una resolución para intentar arreglar el problema que él mismo creó con la modificación del citado artículo «el problema no está resuelto, porque una resolución no puede contradecir a este artículo 56 del Código Civil, que entrará en vigor el 30 de junio».
Por ello, explicó Sanz, «la ONCE va a seguir luchando, para evitar que el artículo entré en vigor porque la circular no dice que no se pida el certificado médico, sino que se haga con carácter excepcional», por lo que dependerá de la voluntad de los trabajadores del registro civil y de los notarios.
«Vamos a seguir trabajando con el Ministerio de Justicia para que cambie el artículo cuanto antes y con los distintos grupos políticos para que nos ayuden a revertir esta situación, como ya han hecho algunos», agregó la vicepresidenta de la ONCE, quien lamentó mucho la situación que se ha provocado, puesto «que supone un retraso de dos siglos para las personas con discapacidad».
Sanz sostiene que «si hemos avanzado hacia una inclusión educativa muy importante y eso nadie lo cuestiona, si estamos avanzando hacia una inclusión laboral, que tampoco nadie cuestiona, si estamos avanzando para que personas con discapacidad puedan ser jurados, para que haya jueces con discapacidad, ahora resulta que vamos a tener que demostrar con un informe médico que tenemos capacidad de decidir para casarnos».
Sanz concluyó que «cuanto antes se derogue el artículo será mejor para todos porque la resolución sólo sirve para salir del paso, pero no arregla el problema».
